El 20 de enero de 2024, Chile dio un paso importante en la regulación de servicios de transporte en plataforma con la aprobación de una nueva ley que impacta directamente a empresas como Uber y a sus conductores asociados. Esta legislación, comúnmente conocida como la «Ley Uber», ha generado reacciones encontradas, marcando un hito en el camino hacia una regulación más completa de estas plataformas en el país sudamericano.
Seguridad para los usuarios
Una de las medidas más destacadas de la nueva ley es la exigencia de que los conductores de servicios de transporte en plataforma, como Uber y Cabify, obtengan una licencia de conducir profesional. Este requisito, según las autoridades, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los usuarios al asegurarse de que los conductores cuenten con la formación y las habilidades necesarias para manejar de manera segura.
Otro punto clave de la legislación es la limitación en la antigüedad de los vehículos utilizados en estos servicios. La nueva normativa establece que los automóviles destinados al transporte a través de aplicaciones no podrán tener más de 8 años de antigüedad. Esta restricción busca mejorar la calidad de la flota vehicular, promoviendo vehículos más modernos y reduciendo el impacto ambiental.
Además, la ley establece la obligación de contar con un seguro específico para este tipo de servicios, con el propósito de proporcionar una mayor seguridad tanto a los conductores como a los usuarios en caso de accidentes. Este seguro adicional representa un costo operativo adicional para los conductores, generando preocupaciones sobre el impacto financiero de estas nuevas regulaciones en su sustento económico.
Varios conductores han expresado su descontento, argumentando que estas nuevas regulaciones aumentarán sus gastos operativos y podrían afectar negativamente sus ingresos. Algunos conductores también han manifestado preocupación por la obligatoriedad de renovar sus vehículos antes de cumplir los 8 años de antigüedad.
Uber y otras plataformas de transporte han emitido comunicados expresando sus inquietudes. Además, han solicitado a las autoridades que reconsideren ciertos aspectos de la legislación para encontrar un equilibrio entre la seguridad y las condiciones laborales de los conductores.
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En resumen, la «Ley Uber» en Chile ha desencadenado un intenso debate entre aquellos que buscan mejorar la seguridad y la calidad de los servicios de transporte en plataforma y los conductores que temen por las consecuencias económicas de estas nuevas regulaciones. A medida que la ley se implementa, será crucial mantener un diálogo constructivo entre todas las partes involucradas para encontrar soluciones que beneficien tanto a los usuarios como a los conductores y a las empresas de transporte en plataforma.
